Hace 76 años: La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936

Las elecciones del 16 de febrero de 1936 van a significar en Antequera la victoria de la candidatura que indiscutiblemente se había mostrado más fuerte y menos fraccionada de cara a los comicios, esta es, la presentada bajo la denominación de Frente Popular de Izquierdas.

De las 31 secciones (para 6 distritos) en que se dividía el mapa electoral de Antequera, en 21 de ellas resultó ganadora la candidatura frentepopulista, resultando Federico Alva Varela, de Unión Republicana y con 8095 votos, el diputado más votado, seguido de Vicente Sarmiento, Antonio Acuña, Eduardo Frápolli, Casamayor y Baeza Medina.

Las diez secciones restantes, votaron la Candidatura de Centro-derecha, de la cuál el antequerano Bernardo Laude, con 6987 votos, se convirtió, y con mucha diferencia, en el miembro más votado de esta coalición, equiparándose prácticamente con los votados por la candidatura de izquierdas, y siendo en consecuencia elegido como Diputado a Cortes.

Un estudio desglosado de los votos efectuados por secciones nos muestra como en las ganadas por la Candidatura de centro-derecha se engloban la gran mayoría de las llamadas “calles señoriales” de la ciudad: Plaza de San Sebastián, Alameda, Estepa, Encarnación, Calzada, Laguna, Cantareros, es decir, aquellas habitadas por las clases sociales más altas -y a la vez conservadoras- de la sociedad antequerana.

Significativa es también la victoria de la coalición centroderechista en dos secciones, una la correspondiente a la Fábrica Azucarera y la otra, la que giraba en torno a la Escuela pública de Cauche, es decir, dos secciones sobre las que ejercían una gran influencia, José García Berdoy -presidente de la Caja de Ahorros de Antequera, uno de los grandes propietarios locales y antiguo jefe local del Partido Conservador- y la Marquesa de Cauche, respectivamente, dos destacados personajes de la alta sociedad antequerana.

El triunfo de la Coalición de centro-derecha se produjo de manera incontestable en las tres secciones que conformaban el mapa electoral de Fuente de Piedra. No obstante se llegó a plantear la posibilidad de que se hubieran dado coacciones, sobre todo desde varios dueños que habían obligado a sus empleados a votar la candidatura de derechas, so pena de perder el empleo. Muy similarmente habla el periódico El Socialista de este hecho, señalando que en Fuente de Piedra se obtuvieron unos resultados “haciendo mangas y capirotes del sufragio”.

En cuanto a los resultados de Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Valle de Abdalajís, observamos como las urnas van a corresponder a la casi frenética propaganda política llevada a cabo en estos anejos por el Frente Popular.
Así, tanto en Humilladero como en Valle de Abdalajís, la Coalición de Izquierdas vencerá en todas las secciones -en el primero de estos anejos el Frente Popular barrerá literalmente a la Coalición de Centro-derecha-.
En cuanto a Mollina, las izquierdas vencerán en tres de las cinco secciones.

En definitiva, la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, se produce de una manera incontestable, una victoria que había llegado, no sólo como mérito propio de la coalición, sino que era el reflejo también del voto de castigo que desde varios sectores desengañados y decepcionados, se había ejercido contra la Candidatura de Centro-derecha.
En todo caso, la victoria del Frente Popular, permitía renacer la esperanza de aquellos partidarios de volver a ese primer bienio social-azañista de la República, pero eso sí, puliendo bastantes defectos de su primera etapa.

Y en el caso de Antequera, la apuesta por la candidatura de izquierdas, no hacía sino corroborar que el mapa político local estaba perfectamente delimitado y que, a pesar de las continuas crisis o decepciones políticas procedentes de unos y otros partidos, este se mantendría inalterable a lo largo de toda la República.

Tras la victoria del Frente Popular, la reposición de los Ayuntamientos de elección popular establecidos el 14 de abril de 1931, llevará a la proclamación en Antequera de Antonio García Prieto como Alcalde que guíe los designios de la ciudad durante la última etapa de la II República en la ciudad.

Es el inicio de una etapa de esperanza para aquellos que veían en el nuevo giro a la izquierda de la política española, la única manera de mejora de la situación económica –en cuanto sobre todo al aspecto laboral- y social de las clases más desfavorecidas.

En este sentido veremos en el de García Prieto a un gobierno sometido a una muy fuerte conflictividad laboral –fundamentalmente agrícola- que va a intentar desarrollar una labor destinada fundamentalmente a la defensa de los intereses de estos obreros, combatiendo duramente con la clase patronal, a través de imposiciones y leyes favorables a los primeros y que harán sentir notablemente perjudicados a los segundos, haciendo de esta etapa, la de mayor conflictividad laboral y social de toda la II República.

Será un gobierno también marcado fundamentalmente por problemas de Orden Público –centrados sobremanera en los enfrentamientos con el aparato fascista local- resultado de los esfuerzos de García Prieto por combatir unas diferencias ideológicas y sociales cada vez más polarizadas y que no harán sino agravarse a medida que transcurran los meses.
En este sentido, serán numerosos los registros domiciliarios y las detenciones de presuntos fascistas cuya amenaza, lejos de aminorar, será cada vez más visible.

Es asimismo un gobierno de continua lucha entre la lealtad a un régimen legalmente constituido y el recelo que el mismo despertaba entre diversos estratos de la sociedad antequerana; es el enfrentamiento entre la afinidad política e ideológica y la desconfianza hacia los sospechosos de querer boicotearla; un hecho que tendrá su plasmación práctica en el proceso de depuración de personal en la Administración local.

También las diferencias en materia religiosa aparecen muy presentes en estos meses en los que, a la falta de apoyo del gobierno local a la Iglesia, se une un sentimiento anticlerical del que se impregnará buena parte de la población y que causará profundo malestar e incomodidad en otra.

Es, en términos generales, una etapa de absoluta complejidad e inusitada tensión. Un panorama descorazonador en el que se encontrará sumida la ciudad cuando en julio de 1936 lleguen las primeras noticias de sublevación.

• Para saber más: MELERO VARGAS, Miguel Ángel: (2006) Antequera, la ciudad republicana. Propiedad y poder (1931-1936) MELERO VARGAS, Miguel Ángel: “Antequera, una visión desde las elecciones de 1931, 1933 y 1936”, en Jábega. Nº 94. 2003. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga., El Popular. Nº 7086. 19 de febrero de 1936. Pág. 4, El Socialista. 15 de abril de 1931.

Simbolismo y urbanismo franquista vinculados a la guerra: la Cruz de los Caídos y la remodelación de la Plaza Guerrero Muñoz en Antequera (y II)

El hecho es que, ante esta negativa, desde la Comisión, con el apoyo de la Gestora, se opta entonces por una alternativa basada en una construcción más pequeña, más sobria, menos grandilocuente y majestuosa, acorde con los cánones establecidos por la comisión ministerial creada a tal efecto, y que permitiera en definitiva la realización de este monumento- homenaje.

Una erección que serviría a la postre como justificación para un proceso de remodelación total de toda una Plaza Guerrero Muñoz, encargado al arquitecto malagueño Fernando Guerrero-Strachan y Rosado, y que va a establecer una división del espacio en tres niveles, siendo destinado a la Cruz el superior.

El arquitecto establece para ésta una construcción de mármol amarillo Assensi pulimentado, sobre basamento de piedra azul de Gobantes, con adornos en bronce (corona de laurel en el frente y yugo y haz de flechas en los costados) a la que protegería, a modo de patio, un muro empilastrado de ladrillo, con zócalo de cantería de piedra sipia antequerana, del Torcal, y con grandes lápidas de la misma piedra, donde irían grabados los nombres de los homenajeados.
En cuanto al pavimento, éste aparece formado por grandes losas de mármol blanco, que enmarcan recuadros enchinados.
Detrás de la Cruz se disponen cinco cipreses piramidales, y en los laterales, enredaderas de jazmines, rosales trepadores, madreselvas y otras plantas enredaderas.
Delante de la Cruz, y en el plano inferior, un estanque en forma de T, donde se reflejara ésta, rodeado de recuadros de jardín bajo, formado por molduras recortadas de romero y boj, y rosales en su centro.
Comunicarían los dos primeros niveles dos escaleras de piedra, en forma de puente, y el nivel intermedio con el inferior, una amplia rampa central escalonada.
Este nivel inferior mantendría su forma y disposición original, conservando las elevadas palmeras y frondosos árboles.
De la misma forma se proyecta el derribo de las casas que, pertenecientes a calle Nájera, aparecían detrás de la plaza, permitiendo el acceso a la colina que conduce a Santa María.
Asimismo se recomienda, dentro de las ejecuciones colaterales a la plaza, la restauración del Palacio de Nájera, sobre el que por primera vez se menciona su idoneidad para albergar un Museo Municipal.
Un ambicioso proyecto sin duda, cuyo coste total ascendería a 118427,65 pesetas, de las que tan solo en la construcción de la Cruz se emplearía más de la mitad del mismo, 66037 pesetas.
38212 corresponderían a las obras de urbanización, 10425 pesetas cobraría el arquitecto y 3753 el aparejador.
Sin embargo, situaciones como la especial delicadeza económica del momento, donde se destacaron hechos como el encarecimiento de los materiales o de la mano de obra de los trabajadores (solo entre septiembre de 1951 y octubre de 1952, los gastos en jornales ascenderán a 49078,66 pesetas u otras menos confesables como el progresivo “enfriamiento” de esa ansia inicial por el recuerdo de la victoria en la guerra y el homenaje sempiterno a sus “héroes” y “mártires”, hará que el proyecto quede paralizado durante más de una década.

De hecho, en septiembre de 1951 aún no se había realizado la pavimentación de los distintos niveles en que quedaría dividida la plaza, ni se habían hecho labores de jardinería.
En todo caso se decide no demorar más la construcción y colocación de la coronación del muro de fondo, la sillería del zócalo, así como el basamento, peana… y por supuesto la Cruz.
Para ello, sobre todo a partir de febrero de 1952 se produce un notable avance en los trabajos, como lo demuestra el sensible incremento de gasto en jornales, cuyos índices más altos se registrarán en torno a mayo y junio de 1952, decreciendo desde aquí, aunque de manera muy progresiva, hasta el final de las obras.

Sin embargo se planteaban variaciones importantes con respecto al primitivo proyecto de 1940.
La más decisiva será la que afectaba a las lápidas fijadas en el muro sobre el que la Cruz daba la espalda, donde finalmente no aparecerían grabados los nombres de los “caídos”, quedando por tanto éstas como mero elemento decorativo en el muro, aunque mejorando la calidad con respecto al planteamiento anterior, al componerlas una moldura blanca enmarcando una placa central de enchapado de piedra roja antequerana, con clavos de bronce en los cuatro ángulos.

También cambiará el basamento sobre el que descansaría el monumento, sustituyendo la piedra azul de Gobantes por piedra roja, mientras que la Cruz pasaría del mármol amarillo Assensi al blanco de Macael, no sufriendo por otro lado variaciones en los adornos con que contaría en la parte frontal y laterales.

En cuanto a la parte de sillería y piedra labrada de la construcción, la Comisión encargada de la erección del monumento enviaría a diversos industriales de Antequera, Málaga y Córdoba, memoria y planos para que remitieran un estudio de presupuesto.

Finalmente, a las ocho de la tarde del domingo 12 de julio de 1953, con motivo de la celebración de la Asamblea local y comarcal de Falange, tiene lugar la inauguración del Monumento a los Caídos, a los que van a unirse, como homenajeados, los antequeranos muertos como combatientes de la División Azul, en la Segunda Guerra Mundial.
Para ello, Francisco Ruiz Ortega, Alcalde Antequera en estos años, publicaría un Bando a través del que se invitaba al pueblo a acudir a la inauguración, así como a participar con el engalanamiento de balcones con banderas.

Conforme a este llamamiento, el acompañamiento a este acto sería masivo, siendo muchos los antequeranos que presenciaron la inauguración de esta Cruz de casi cuatro metros de altura, que descansaba sobre un pedestal de dos y medio, y que fue calificada por las autoridades encargadas de la aprobación final del proyecto como “no obstante su sobriedad, una de las de mejor gusto, más bellas y mejores de España”.
Junto a ella, sobre largos mástiles, colgaban gallardetes con los colores nacionales y de Falange, y en los laterales dos columnas con el yugo y las flechas. A sus pies, una cruz de laurel con cinco rosas rojas, en lo que significaba una escenificación simbólica del himno falangista.
El acto sería presidido por Manuel García del Olmo, Gobernador Civil y Jefe Provincial de Falange, y cuya aportación económica y apoyo institucional resultaron fundamentales para la culminación del proyecto (de hecho, de los ingresos percibidos por la comisión para la Erección de la Cruz de los Caídos de Antequera entre 1951 y 1952 -305707,75 pesetas- 196400, un 64,24%, procederán de ingresos realizados por el Gobierno Civil, a través del Banco de Santander)

A él acompañaban el Alcalde y Procurador en Cortes, Francisco Ruiz Ortega, el Presidente de la Diputación, Baltasar Peña Hinojosa (al que acompañarían dos diputados) el Alcalde de Málaga, Enrique Atencia, el Vicario Arcipreste, Francisco Pineda Conde, el Juez de Instrucción, José Ramón Ortega Gutiérrez, el Jefe Comarcal de Falange, Francisco Ruiz Burgos, el Alcalde y Jefe Comarcal de Archidona, José Muñoz Astorga, el Subjefe Provincial del Movimiento, Andrés Peralta, el Delegado Provincial de Sindicatos, Eliseo Sastre del Blanco, el Secretario Local de Falange de Málaga, Jorge García Mata, el Delegado y Secretario Provincial del Frente de Juventudes, Francisco Valverde y Francisco Hidalgo, Manuel Bañares, lugarteniente de la Guardia de Franco, el Inspector Provincial del Movimiento, José Merelo, la Delegada Provincial y Regidora de Formación de la Sección Femenina, Teresa Loring y María Ruiz. A ellos acompañarían el resto de miembros de la Corporación municipal, destacando la presencia de Antonio Palma Álvarez como Delegado de la Vieja Guardia y Francisco Gálvez Cuadra, como Delegado de Ex combatientes, así como representantes del resto de municipios de la comarca.

También como protagonistas destacados, dos; unos por asistencia, los familiares de las víctimas, y otro señalado por su ausencia, el arquitecto Guerrero-Strachan, fallecido poco antes, no llegando por tanto a ver culminado su proyecto.

Presentado el acto, García del Olmo pronunció una oración en la que, junto al ensalzamiento del valor simbólico de la Cruz, y su relación de inmortalidad con los “héroes”, “mártires” y “caídos”, alababa las figuras de Franco y José Antonio Primo de Rivera, aunque en el caso de éste último, de una forma muy escueta y sin una referencia directa a su persona

El acto de inauguración de la Cruz tuvo como cierre el canto de un responso, oficiado por el Vicario Arcipreste, al que asistieron como diáconos el coadjutor de San Sebastián, y el Capellán de las Hermanitas de los Pobres, al que seguiría la Schola Cantorum del Seminario Seráfico de los Capuchinos, que entonaría el “Ne recorderis”, obra del capuchino antequerano Agustín de Antequera.

Simbolismo y urbanismo franquista vinculados a la guerra: la Cruz de los Caídos y la remodelación de la Plaza Guerrero Muñoz en Antequera, I

La victoria sublevada en la guerra civil española viene acompañada, entre todos los factores ya estudiados, de un fortalecido componente de simbolismo, que encontrará en los espacios públicos de pueblos y ciudades un inmejorable escenario en que representar el inicio de una nueva etapa, como también perpetuar el recuerdo de los protagonistas de la que acababa de concluir.
Una representación en que va a adoptarse un criterio cronológico y ordenado en cuanto a prioridades e importancia de lo que se simboliza: el inicio es la guerra, el principio la “salvación de la verdadera España” y lo prioritario compartir con la ciudadanía el homenaje perenne a los que perdieron su vida, perseguidos durante el Dominio Republicano, o caídos, como parte del Ejército rebelde, en los diferentes campos de batalla; los “héroes”, los “mártires”.
Es en base a esto cuando los espacios civiles vuelven a verse impregnados, no solo por una arquitectura y una escultura de fuerte simbolismo religioso, sino por una nueva concepción del paisaje urbanístico, orientada hacia los principios de la “nueva España”, donde el recuerdo de la guerra civil y sus protagonistas, desarrollará un papel central.
La mejor plasmación de este proceso serán los monumentos a los “Caídos por Dios y por España”, como las placas conmemorativas, que encabezadas por este título, comienzan a proliferar a lo largo de la España sublevada, llenando espacios públicos, fundamentalmente fachadas de iglesias, y recordando el nombre de estas víctimas.
De la misma forma que, como ya se ha dicho, empiezan a ser comunes otro tipo de manifestaciones, como es el caso de los monumentos a los “Caídos”, cruces en su gran mayoría y provisionalmente de madera en muchos casos, que irán evolucionando, sobre todo tras el final de la guerra, hacia otro tipo de materiales, fundamentalmente la piedra, y que incluso contribuirán a la remodelación urbanística del espacio inmediato en que se asientan.
Efectivamente la Cruz debía ser el elemento central, símbolo del valor y utilidad del sacrificio de los “caídos”, de su resurrección y salvación, así como la piedra, símbolo de eternidad y a la vez de sobriedad.
Pocas semanas después de la ocupación de Antequera, desde la Gestora presidida por Santiago Vidaurreta comienza a pensarse en la erección de un monumento que se convirtiera en símbolo de recuerdo y homenaje a los antequeranos muertos, tanto los asesinados durante el Dominio Republicano, las víctimas de los bombardeos de 13 de agosto, como los fallecidos en el frente de combate, en las filas del Ejército sublevado.
De la misma forma, por Orden Ministerial de 18 de febrero de 1938 se crea la Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria, encargada de regular todo lo concerniente a la “construcción de edificios o edículos, erección de monumentos, fijación de lápidas y sus inscripciones, y hasta atribución de nombres a lugares o cambio de los que tuvieran…”, y que estará compuesta por representantes de la Academia Española de Bellas Artes, así como de la Academia de la Historia, a los que se unirían de forma honorífica, el general José Moscardó y la dirigente de la Sección Femenina de Falange, Pilar Primo de Rivera.
Radicaba su principal función en evitar iniciativas espontáneas y propias de cada corporación municipal, en cuanto a la construcción de monumentos, y estableciendo por el contrario un modelo formalizado para la erección de éstos.
La pretensión de la Gestora antequerana, unida a las disposiciones ministeriales, cristalizan poco después en la Comisión para la Erección del Monumento de la Cruz de los Caídos de Antequera, y en la que , junto al propio Vidaurreta, que asumirá la Presidencia, le acompañarán tres antequeranos, de notable abolengo social en la ciudad, y que habían sufrido la pérdida directa de un familiar, como Luis Moreno Pareja-Obregón, José García- Berdoy Carrera y Rafael Jiménez Vida, hermanos respectivamente de José María Moreno Pareja-Obregón, Pedro García Berdoy y Juan y Eugenio Joaquín Jiménez Vida.
Estos serán los encargados de dar forma a la iniciativa, solicitando en primer lugar referencias a otros ayuntamientos que ya hubieran erigido el monumento, sobre modelos, materiales empleados y precios del proyecto, obteniendo respuestas tan heterogéneas como las de Cáceres, donde ya se había levantado una gran cruz sobre un pedestal, y alcanzando unos doce metros aproximadamente, o Córdoba, donde no existía monumento definitivo y el provisional se limitaba a una cruz de madera, colocada por la organización falangista local, sobre el muro de una vieja torre de la ciudad.

Seguidamente se realiza la apertura de una suscripción para recaudar fondos con los que llevar a cabo la erección del monumento. En este sentido, comienzan a llegar las primeras donaciones de destacados antequeranos como Rogelio León Motta (que entregó las cincuenta pesetas que su hijo Enrique León López llevaba en la cartera cuando murió en el frente) José Carreira Ramírez (cinco mil pesetas) o el propio coronel Castejón (cien pesetas)
En cuanto a la ubicación, se acuerda instalar la Cruz de los Caídos, de madera hasta que se construyera la definitiva, en el solar del edificio de los hermanos Rodríguez Díaz, asesinados durante el Dominio Republicano, y situado en calle Encarnación, siendo Luis Moreno Pareja-Obregón y José Herrera Rosales los encargados de hacer las gestiones para la adquisición del solar; aunque la ubicación sería, en principio provisional para luego definitiva, en el centro de la plaza de Guerrero Muñoz (más conocida como el Coso Viejo) donde permanecería hasta su traslado al Cementerio Municipal, hace apenas dos décadas.
El hecho es que, el 12 de agosto de 1938, y coincidiendo con los actos de celebración del segundo aniversario de la ocupación de Antequera, se colocó la primera piedra del “Monumento a los Caídos”, ampliando de paso el cupo de homenajeados a los asesinados en el término municipal, independientemente de su naturaleza, a los naturales o vecinos asesinados fuera de la ciudad, a los muertos en combate y a las víctimas de la aviación republicana.
La razón fundamental fue el conocimiento de la muerte del Rector del Seminario de Málaga y hermano del Alcalde, Enrique Vidaurreta Palma, en una de las “sacas” de la cárcel malagueña, posterior a un bombardeo sublevado, acordándose asimismo que fuera el nombre de este religioso el que encabezara la lista de nombres homenajeados en el monumento.
Quedaba así descartada otra alternativa a este encabezamiento, personalizada en la figura de Enrique León López, sobrino y primo respectivamente de los asesinados José León Motta y los hermanos León Sorzano, Teniente de Regulares del 5º Tabor de Tetuán Nº 1, de la 4ª División “Navarra”, de 28 años y muerto en el frente de Castellón el 5 de julio de 1938, y para el que su padre solicitó este homenaje.
La Orden Ministerial de 7 de agosto de 1939 establece la supeditación a la aprobación del Ministerio del Interior, de la construcción de monumentos en general, y muy particularmente de aquellos conmemorativos de la guerra y especialmente los destinados a homenajear a las víctimas del bando sublevado, incluyendo la apertura de suscripciones, así como los concursos de proyectos.
Para ello se establecen una serie de directrices orientadas fundamentalmente a evitar la realización de proyectos magnánimos, aunque inviables en la práctica.
Mientras se inauguraba la Cruz de los Mártires, sita en la Moraleda y erigida en memoria de los trece que en este paraje fueron asesinados como consecuencia de la “saca” de la cárcel de 30 de julio de 1936.
La Comisión que para estos fines se creó en Antequera, ya llevaba tiempo funcionando, pero ahora debe dirigirse al Gobierno Civil de Málaga para que este a su vez remita al Ministerio de la Gobernación, copia del proyecto de erección de la Cruz de Antequera.
Un proyecto elaborado por el prestigioso escultor local Francisco Palma, el mismo encargado de elaborar la imagen destruida del Corazón de Jesús, que sin embargo no recibirá contestación, ni del Gobierno Civil, ni del Ministerio de Gobernación, por lo que cinco meses después, en enero de 1940, reiteran la petición desde Antequera, intentando valerse de la influencia y los contactos del antequerano Ignacio Muñoz Rojas, Subsecretario de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, al que a su vez nombra Presidente de Honor de la Comisión.

Mientras, una nueva Orden Ministerial, la de 30 de octubre de 1940, ampliaba la de agosto de 1939, en el sentido de establecer la jerarquización en cuanto a la presentación de solicitudes y la aceptación o denegación de los expedientes.
En este sentido se decreta que la presentación de iniciativas se registren en los gobiernos civiles, desde donde se remitirán al Ministerio de la Gobernación, que a su vez valorará los dictámenes de la Jefatura Provincial de Propaganda.
Seguidamente la Dirección General de Propaganda someterá los proyectos al informe técnico y técnico de la Dirección General de Arquitectura, para ser finalmente el Ministerio el que emitiera resolución a través de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda. Y será precisamente la Dirección General de Propaganda del Ministerio de la Gobernación la que señale el proyecto antequerano como carente de belleza y sobriedad, aseverando además la obligatoriedad de ser redactado por un arquitecto, y no por un escultor, y denegando temporalmente la iniciativa.
Era la respuesta de una dirección general obsesionada con la simplificación de las líneas, y la reducción del monumento a la Cruz, a los nombres de las víctimas y a los símbolos del Estado y del Movimiento, el escudo, el yugo y el haz de flechas.
Para saber más:
•ARCO BLANCO, Miguel Ángel del: “Sangre cruces: monumentos conmemorativos de la guerra civil española”.
•AHMA. Fondo Municipal. Secretaría. Documentos de las sesiones. Sesión de 9 de septiembre de 1936.
•El Sol de Antequera. Nº 770. 4 de septiembre de 1938. Pág. 2.
•AHMA. Fondo Municipal. Secretaría. AACC. Libro 1905. Págs. 228-230.
•BOE. Nº 489. 22 de febrero de 1938. Pág. 5898.
•BOE. Nº 234. 22 de agosto de 1939. Pág. 4614.
•BOE. Nº 317. 22 de noviembre de 1940. Pág. 7786.

Un ejemplo de funcionamiento (y escasa trascendencia) de la "Justicia Legal" en el Dominio Republicano: El Tribunal Popular de Málaga

El 6 de septiembre de 1936 se constituye el Tribunal Popular de Málaga, en base al Decreto de 25 de agosto del mismo año, y que supone ampliar a toda la zona republicana, los tribunales creados en Madrid tras el asalto a la Cárcel Modelo por la que entre el 22 y el 23 de agosto fueron asesinados una treintena de políticos y militares allí encarcelados desde el estallido de la sublevación .
Suponía por tanto la respuesta a la violencia y represión incontroladas que desde el 18 de julio venía produciéndose en la provincia sobre los considerados como enemigos del régimen republicano, al intentar ser el canalizador de las denuncias que se efectuaran sobre estas personas; al menos en teoría, porque era realmente un instrumento con notables y evidentes carencias y excepcionalidades que mermaban su eficacia.
Así por ejemplo destaca la composición del Tribunal. Y es que junto al Presidente, Secretario, Fiscal y Vocales, todos pertenecientes al cuerpo judicial, se incluyen como vocales jurados a representantes del Frente Popular, así como de organizaciones sindicales, en el caso de Málaga CNT, FAI o PC, lo que suponía en primer lugar erradicar la naturaleza netamente judicial del Tribunal, y orientarla hacia un interés y una esencia netamente políticas; y en segundo lugar, permitir la intervención en una estructura legal a determinados miembros que, como señala la profesora Prieto Borrego, eran “los agentes protagonistas de la justicia popular espontánea materializada en el Comité de Salud Pública” , es decir, promotores en determinados casos de una violencia incontrolada y carente de preceptos legales, que ahora encontraban sin embargo este sustento legal; o lo que es lo mismo, miembros de un Tribunal en el que combinaban un doble rol, el de jurado y el de perteneciente a organizaciones que habían actuado como denunciantes de los que ahora se sentaban en el banquillo de los acusados.
Junto a estos representantes de partidos y sindicatos, el Colegio de Abogados se encargaba de la elección de Juez, Secretario, Fiscal y Vocales, elegidos, fundamentalmente en el caso de los jueces, no ya en función del apego o afinidad de éstos hacia las organizaciones de izquierda, sino entre aquellos cuya vinculación a la derecha o tendencia conservadora fuera menos explícita y notoria, lo que motivará verdaderas dificultades a la hora de componer el Tribunal.
No es de extrañar por tanto que esto que puede entenderse como un error notorio y de base en cuanto a la composición del Tribunal, tuviera también un reflejo inmediato en cuanto a la forma de actuación en los cinco meses en que se mantuvo vigente.
Y es que la actitud generalizada entre los jueces será la de provocar la mayor dilación posible en los procesos, a través de estrategias como “las reiteradas órdenes de repetir diligencias, la inhibición a favor de otros tribunales, la citación de testigos, o la no consideración de pruebas aportadas por los comités” , y que no son otra cosa que el reflejo de estos jueces hacia las formas de composición y funcionamiento de un tribunal carente de su esencia judicial, y en el que cuyo poder parecía manifestarse limitado y subyugado a razones e intereses políticos.
Una vez constituido el Tribunal Popular de Málaga, se hacen públicos sus miembros, siendo nombrado Presidente el magistrado Atilano Lorente Gómez, como vocales los jueces instructores de Vinaroz y Vélez Málaga respectivamente, Francisco Bermúdez del Río y Felipe Varea Viniegra; como Fiscal Remigio Moreno González, Juez Instructor del Distrito de Santo Domingo; todos ellos al margen de los ya mencionados representantes de partidos de izquierda y sindicatos, que actuarán como vocales jurados .
De la misma forma serán creados tres juzgados instructores especiales, uno de ellos con competencias para los sumarios de la capital, y dos para la provincia, cuyos responsables serán Manuel Prieto Delgado y Francisco Javier Ciézar Guerrero, adscritos a los juzgados 1 y 3 respectivamente.
Éstos instruirán entre septiembre de 1936 y febrero de 1937, 280 sumarios, de los que 268, un 95,71% tendrán lugar entre septiembre y finales de diciembre de 1936. En cuanto a las sentencias, 83 de ellas (un 29,64%) tendrán como resultado el Sobreseimiento, mientras que en 140, justo la mitad de los sumarios, se establece la inhibición del Tribunal Popular a favor de otros tribunales . Unos datos esclarecedores y que demuestran esa estrategia antes mencionada de los jueces de dilatar los procesos y evitar en la medida de lo posible la condena de los acusados.

Los sumarios que componen la actuación del Tribunal Popular de Justicia de Málaga han podido conocerse a través de su inclusión en las causas militares que se inician en Málaga a partir de la ocupación de ésta por el Ejército sublevado , al ser una fuente de información muy importante para los tribunales militares, de cara a conocer los participantes y el grado de actuación de los mismos en los sumarios del Tribunal Popular.
Sin embargo, y antes de esto, por sí mismos nos muestran los jueces, fiscales, secretarios, vocales y vocales jurados de los diferentes sumarios incoados, los acusadores y declarantes, las circunstancias y vinculación del acusado, tanto con el movimiento sublevado como con la legalidad republicana, y en última instancia, el resultado de la sentencia.
En el caso de Antequera, de los mencionados 280 sumarios incoados, solo uno de ellos corresponde a un acusado del término antequerano, concretamente de Valle de Abdalajís.
Y es que la pronta ocupación de Antequera y toda la zona Norte de su término por fuerzas sublevadas, en la primera quincena de agosto de 1936, es decir, con anterioridad a la puesta en funcionamiento del Tribunal Popular en Málaga, hacía poco probable que vecinos de Humilladero, Fuente de Piedra, Mollina o la propia Antequera pudieran ser juzgados por este tribunal.
Y a ello se une el hecho que corrobora quizás el más insalvable de los obstáculos al que tendría que enfrentarse el Tribunal Popular de Málaga: el que a pesar de su funcionamiento siguieran desarrollándose actuaciones de violencia y represión incontroladas por aquellos que se habían atribuido a sí mismos competencias para ello.
Así lo demuestra el hecho de que de las 23 víctimas mortales correspondientes al término de Antequera, 18 (más de un 78%) fueron asesinadas cuando el Tribunal Popular de Málaga se encontraba ya plenamente en vigor.
Dichas víctimas pueden ser consultadas en el Anexo correspondiente al capítulo dedicado al Dominio Republicano, aunque destacamos de ellos el caso de los diez vecinos de Valle de Abdalajís, detenidos el 23 de octubre, condenados a muerte por un Tribunal conformado en el propio municipio y compuesto por miembros de la Columna de Operaciones de Valle de Abdalajís (pertenecientes en su mayoría a CNT y FAI y presidido por el cenetista Pedro Rodríguez Espejo, Delegado Responsable de la Columna del denominado Campamento de Valle de Abdalajís) y asesinados dos días más tarde en Málaga.
Era probablemente la respuesta de estos abanderados de la “justicia inmediata y espontánea del pueblo”, a la tibieza y lentitud en la actuación del Tribunal Popular de Málaga, sobre cientos de acusados, y que estaba afectando a otro vecino del municipio, entregado pocos días antes por estos miembros de la columna de operaciones al Tribunal Popular de Málaga.

En octubre de 1936, el Tribunal Popular de Justicia de Málaga incoa sumario por un delito de Sedición contra José Luque Cobo, jornalero de 33 años y vecino de Valle de Abdalajís (del cortijo Matarratones, paraje de Gandía) acusado por los responsables de la columna que en estos días operaba en el frente de Valle de Abdalajís, de conducta dudosa y escasa confianza, siendo detenido por éstos y trasladado al barco-prisión Marqués de Chávarri.
Una vez allí, Rafael García Muñoz, Delegado de Investigación de la Columna del Campamento de Valle de Abdalajís, y el mencionado Pedro Rodríguez Espejo, Delegado Responsable, y ambos de la CNT, solicitan al Comité de Guerra de Málaga que “proceda con toda la energía necesaria para llevar a cabo la labor emprendida contra la reacción” de un hombre del que se decía que había intentado burlar la vigilancia a que se le estaba sometiendo precisamente por esta conducta dudosa.
Una vez detenido se celebra su comparecencia ante Francisco Javier Ciézar Guerrero, Juez de Instrucción del Distrito de la Merced, y como ya se ha comentado, titular de uno de los dos juzgados con competencias sobre sumarios de la provincia, manifestando que en el momento en que se produce la sublevación se presenta, como muchos otros compañeros, en la sede de la Sociedad Obrera, ofreciéndose a luchar a favor de la República, y participando en este sentido en operaciones militares como las que tuvieron lugar en Loja o La Roda de Andalucía.
De la misma forma manifiesta que sin explicación alguna fue detenido por los responsables de la columna de Valle de Abdalajís, acusado de amiguismo con la causa fascista, lo que establece como falso, citando al Comité de Enlace de Antequera, refugiado ya en estos días en Málaga, como garante de que dice la verdad.
A la declaración de José Luque Cobo le sucede la de los dos responsables del campamento, que manifiestan que sorprendieron al detenido, jornalero de la zona dedicado a la recolección de la aceituna, inspeccionando el terreno con la intención de conocer la ubicación y situación del campamento, llegando asimismo a sus oídos que Luque Cobo propuso a su esposa evadirse del campamento.
Ante la declaración de Luque Cobo, se reclama a Juan Villalba Troyano y Rafael García Rubio, el primero contable, periodista y Primer Teniente de Alcalde de Antequera durante el Frente Popular, a la postre fusilado el 7 de febrero de 1940, y el segundo Presidente del PC de Antequera, miembro del Comité de Fuerzas durante el Dominio Republicano, y ambos miembros del Comité Permanente de Enlace de Antequera, o Comité de Refugiados de Antequera, que se encontraba en la Casa del Pueblo de Málaga, en el número 2 del Pasillo de Largo Caballero.
Ninguno de los dos dice conocer a José Luque Cobo, aunque refieren que pudiera conocerlo Antonio Montenegro García, miliciano de la Primera Compañía del Batallón Sexto “Largo Caballero”, natural de Valle de Abdalajís, y que por estos días prestaba servicio en el Cuartel de la Trinidad. Este señala que solo conoce de su filiación al Sindicato de Agricultores, afecto a la UGT, desconociendo por el contrario si pudo tener participación o simpatía con la sublevación.
El hecho es que dos meses después Luque Cobo se encuentra ingresado en el Hospital Civil con síntomas de enajenación mental, sin que hayan podido conocerse las causas, y sin haber recibido aún auto de sentencia.
Sin embargo, pocos días más tarde la situación da un giro, gracias a una nueva declaración de Antonio Montenegro García, que realiza varias pesquisas, obteniendo la información de que Luque Cobo es persona considerada de buena conducta y afecto al régimen republicano, y que seguramente la denuncia podría obedecer a venganza de su mujer para poder irse con otro hombre, cosa que ésta hizo en cuanto se produjo la detención de su marido.
El 29 de diciembre de 1936 se dicta la sentencia del Sumario 33 de 1936, que decreta la libertad definitiva de José Luque Cobo en cuanto reciba el alta hospitalaria.
Pedro Rodríguez Espejo y Rafael García Muñoz manifestarán su malestar por la sentencia… y no volverán a presentar acusados ante el Tribunal Popular de Málaga puesto que, como ya se ha comentado, conformarán uno propio, con resultado más satisfactorios a su concepción de justicia popular inmediata y espontánea.

Ya se ha comentado la reticencia de los miembros de la Judicatura que formaban parte del tribunal malagueño, de avanzar en los procesos incoados, a pesar de la insistencia que los representantes de partidos y sindicatos mostraban en la resolución de los sumarios.
Sin embargo esta más que notoria resistencia de jueces, secretarios, vocales y fiscal no les eximirá sin embargo de aparecer ante las tropas sublevadas que ocupaban Málaga desde el 8 de febrero, con cierto grado de responsabilidad, a favor de la República y en contra de la sublevación.
Así el 10 de febrero serán detenidos Atilano Lorente Gómez, Francisco Bermúdez del Río, Felipe Varea Viniegra, Remigio Moreno González, Manuel Prieto Delgado y Francisco Javier Ciézar Guerrero, fallándose la sentencia el 27 del mismo mes y estableciendo pena de muerte para Felipe Varea (que será fusilado pocos días después) reclusión perpetua para Atilano Lorente y Francisco Bermúdez (conmutada a ambos finalmente por la de seis años y un día) de la misma forma que se dictó la absolución para Manuel Prieto y Francisco Javier Ciézar.
El análisis global de la sentencia nos lleva inequívocamente a la conclusión de que, si bien quizás la actuación de los jueces miembros del Tribunal Popular durante el tiempo en que éste estuvo vigente, era una garantía para la salvación de sus puestos y su propia vida, una vez entradas las tropas franquistas en Málaga, la realidad es que la clemencia y comprensión esperadas de los jueces militares brillará por su ausencia, y la maquinaria represiva de los sublevados volverá a funcionar a discreción.

El renacer de la Memoria... 75 años después

Hace hoy setenta y cinco años, tropas sublevadas comandadas por el general gaditano José Enrique Varela Iglesias penetraban en los municipios de la zona Norte del término antequerano (Humilladero, Mollina, Fuente de Piedra y la propia Antequera) dando paso a una nueva etapa histórica de nuestra ciudad, marcada entre otras cosas, por los primeros asesinatos cometidos sobre antequeranos y antequeranas, como consecuencia de la represión rebelde.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Antequera y Comarca, la cuál tengo el honor y responsabilidad de presidir actualmente, viene trabajando desde hace ya más de un año, a través de un equipo compacto de historiadores, arqueólogos, investigadores y curiosos, ciudadanos en definitiva, para dar respuesta a un clamor colectivo que exigía y necesitaba un conocimiento más profundo de una etapa histórica, pero sobre todo de la ubicación física y la restitución moral de un colectivo tan importante como fue el de las víctimas de la represión; de las de hace setenta y cinco años, y de las que por añadidura lo siguen siendo mientras no termine nuestra labor: sus familias.
En este punto nos encontramos a día de hoy, con una serie de proyectos de trabajo de campo ya redactados, y con el objetivo de dotar a esta Asociación de un calendario de trabajo serio y productivo, para lo que desde aquí invito a todos nuestros vecinos a que colaboren y se asocien con nosotros.
Dicho esto, creo que sería conveniente resaltar que quizás el término Memoria Histórica se quede corto para todo lo que engloba, y quizás haya que recurrir a otro más contundente como el de Justicia Histórica.
Y hago este alegato recordando en parte a aquellos que han querido ver en todo el movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica, un ánimo de revancha, de fanatismo político, o incluso de compensación, que hubiera podido ir cociéndose a lo largo de estas décadas de Dictadura, Transición y Democracia.
Nada más lejos de la realidad. No estamos ante un ejercicio de compensación, absurda por otra parte, porque ésta nunca podría alcanzarse, porque nunca podría devolverse la vida a todos aquellos que murieron como víctimas de la represión, en sus diferentes manifestaciones, y con independencia de sus ejecutores, por el simple hecho de defender una ideología democrática y de progreso.
Por el contrario, todos los actores implicados en el Movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica (familiares, historiadores, investigadores y arqueólogos, y colaboradores, o políticos entre otros) buscan y defienden el reconocimiento, la reposición física y moral de los que fueron asesinados en cuerpo y vilipendiados en memoria… la Memoria que permite el Recuerdo… el Recuerdo que no es sino el primer paso para la Justicia; y la Justicia como garante de lo que debe ser de una vez por todas el talante de la ciudadanía en relación a la Guerra Civil Española: tolerancia y convivencia para cerrar definitivamente las heridas producidas por el conflicto fratricida.
Porque el silencio, la ignorancia o el radicalismo no son desde luego la mejor plaqueta para sanar una herida que exige y merece recuerdo, por mucho que el cuchillo quiera que se olvide.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Antequera y Comarca está al servicio de toda la ciudadanía, y hoy lo hace aquí ante el llamamiento de la Agrupación Socialista de Antequera, para compartir el recuerdo y homenaje a los primeros antequeranos fusilados por las fuerzas de ocupación sublevadas, hace hoy setenta y cinco años.

ALGUNOS DATOS A TENER EN CUENTA
Las investigaciones que he venido realizando desde estos últimos ocho años, y actualizadas a julio de 2011, arrojan un cómputo global de 667 víctimas de la represión franquista (12 de ellas en campos de concentración nazis)

De las 655 restantes, 134 (más de un 20%) serán asesinadas en agosto de 1936, como consecuencia de la ocupación de la ciudad de las tropas sublevadas, siendo fusiladas 71 solo entre los días 12 y 13 de agosto; unos índices realmente trágicos y que solo volverán a darse con esta virulencia y magnitud entre marzo y mayo de 1937, como resultado de la represión ejercida por los sublevados tras la ocupación de Málaga capital, y que afectará de forma muy notable a la zona Sur del término municipal (98 fusilamientos en marzo, 42 en abril y 36 en mayo, de los que 28 corresponderán a vecinos de Villanueva de la Concepción)
Para170 personas sigue sin saberse a día de hoy, la fecha concreta de su muerte.

Por todos ellos, y por todas las víctimas de la guerra civil, como reza la lápida de la escultura conmemorativa del Cementerio, nuestro reconocimiento y recuerdo.